Especialistas señalan que el proyecto de ley N.° 8457 fomenta la discriminación y eleva la violencia contra las personas transgénero, generando riesgos en lugares públicos como los baños.
En julio de 2024, el congresista Alejandro Muñante de Renovación Popular presentó el proyecto de ley N° 8457, que propone prohibir el acceso a baños públicos a personas cuya identidad de género no coincida con su sexo asignado al nacer. La iniciativa fue aprobada por unanimidad el lunes 17 de febrero en la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso.
El objetivo de la propuesta, según su justificación, es ‘fortalecer los derechos de libertad e indemnidad sexual de menores’, y también busca aumentar las sanciones por conductas obscenas frente a menores. Sin embargo, el artículo 6 establece que ‘se prohíbe el acceso a servicios sanitarios de uso público destinados al sexo contrario al de su nacimiento’, lo que ha desatado una gran polémica.
“Expertos entrevistados por La República señalan que esta medida constituye un acto de discriminación y una violación grave de los derechos humanos de las personas transgénero, además de incitar más violencia en lugares públicos. Gianna Camacho, directora del Observatorio LGBT de la Universidad Cayetano Heredia, advirtió: ‘Se comenzarán a generar conflictos solo por querer aprobar una ley transfóbica que va en contra de los derechos de las personas trans’.
Un retroceso en los derechos humanos
La propuesta legislativa reciente, que limita el acceso a baños públicos según el sexo biológico, ha generado inquietud entre defensores de los derechos humanos. Sergio Cruz, abogado y asesor en litigio estratégico de Promsex, alerta que esta medida es discriminatoria y podría desencadenar situaciones de violencia para las personas trans.
El artículo seis impone una prohibición general para el acceso a baños públicos basada únicamente en el sexo biológico, es decir, el sexo asignado al nacer. Esta norma establece una restricción amplia sin justificación razonable, lo que la convierte en discriminatoria y la hace incompatible con los estándares internacionales y nacionales, indicó Cruz. También subraya que esta ley representa una discriminación aún mayor y un retroceso en los avances que habíamos logrado para fortalecer nuestra democracia.
Por su parte, Gianna Camacho advierte que esta disposición no solo impactaría negativamente en la vida cotidiana de las personas trans, sino que abriría la puerta a decisiones arbitrarias en los baños públicos. Se les está otorgando a los encargados de los baños el poder de decidir, según su propio juicio, quién es una mujer trans, lo que les permitiría impedir el acceso a los baños de mujeres, explicó. También cuestionó cómo se determinaría quién “parece” trans, lo que podría afectar incluso a mujeres cisgénero: Si una mujer asignada como mujer al nacer no es percibida como tal por el encargado del baño, podría ser rechazada, pensando erróneamente que es una mujer trans.
Riesgos de violencia y acoso
La posible aprobación de esta ley pondría a las personas trans en riesgo de violencia y acoso al obligarlas a usar baños que no coinciden con su identidad de género. Gianna comparte una experiencia personal que ilustra el peligro al que se enfrentarían muchas personas trans: Me ocurrió en una discoteca que me pidieran usar el baño de hombres. Entré y esperé a que se desocupe un cubículo. Los hombres comenzaron a golpear la puerta porque querían entrar. Además del acoso con propuestas de favores sexuales, fue víctima de violencia sexual por parte de un hombre que la esperaba en los urinarios.
Camacho advierte que, con esta normativa, episodios como el suyo podrían volverse más frecuentes y alerta sobre los diversos tipos de violencia que esta medida podría generar: Primero, el acoso sexual, luego el bullying y la violencia sexual principalmente. También anticipa insultos y bromas con un tono peyorativo y negativo. Nos están empujando a situaciones de violencia que fácilmente podrían evitarse si no se aprueba esta ley.
Por su parte, Sergio Cruz señala que la ley agravaría la discriminación y la violencia que ya enfrentan las personas trans en lugares públicos. Esto podría desencadenar actos de violencia o situaciones de riesgo para las personas trans en estos espacios. Incluso podría dar lugar a delitos de discriminación, según el artículo 323 del Código Penal, o abuso de autoridad en el peor de los casos, si la ley es aplicada por agentes del Estado, advierte.
Rechazo y resistencia de la sociedad civil
El proyecto de ley se presenta como una medida para proteger a los niños y niñas, pero Gianna Camacho señala que esto es solo un pretexto para evidenciar una postura anti derechos LGBTIQ+. Además, resalta que las estadísticas refutan los argumentos de los promotores de la ley, ya que las agresiones sexuales contra menores son perpetradas por hombres heterosexuales.
Ante esta situación, los activistas subrayan la relevancia de la movilización social. “Es fundamental que, como sociedad civil, nos manifestemos en contra, salgamos a las calles, reclamemos y defendamos los derechos”, comenta Gianna. Por su parte, Chávez destaca la importancia de una respuesta organizada: “Desde la sociedad civil, lo que podemos hacer es alzar nuestra voz, advertir a la sociedad que existen propuestas discriminatorias y exigir a las autoridades que aseguren que las leyes que se emiten desde el Congreso no generen ningún tipo de discriminación.”
